Países Bajos, el país donde los criminales de guerra son juzgados en tribunales extranjeros – infobae

Criminales de guerra de Siria, Afganistán o Ruanda han sido procesados por tribunales extranjeros como los de Países Bajos. La jurisdicción universal permite estos procesos a países que no están involucrados en el conflicto, lo que también ofrece esperanzas de llevar ante la justicia los presuntos crímenes cometidos en Ucrania.

Si algo caracteriza la justicia es la lentitud, con la recogida de pruebas y la detención del sospechoso como el principal reto para poder lograr un juicio justo y una sentencia acorde a los crímenes cometidos, pero, en lo que respecta a los crímenes de guerra, los fiscales juegan con la ventaja de que estos no prescriben y las tecnologías están digitalizando las pruebas.

Elinor Fry, asistente legal en delitos internacionales, clarifica las condiciones mínimas para juzgar a un criminal de guerra extranjero. “Tenemos una jurisdicción universal limitada, por lo que el perpetrador o la víctima deben ser ciudadanos neerlandeses, o que el acusado esté en territorio neerlandés”, detalla.

Alemania y Francia cuentan con una jurisdicción ilimitada, lo que hace que el perpetrador no tenga que estar en suelo nacional para poder procesarlo por crímenes de guerra.

Los países europeos han recurrido en los últimos años al principio de jurisdicción universal para iniciar procedimientos judiciales y abrir investigaciones contra sospechosos de crímenes de guerra cometidos en terceros países, como en Siria, Ruanda, Afganistán, Etiopía y la antigua Yugoslavia.

La regla principal aprendida por investigadores y fiscales en Países Bajos es la “imparcialidad” innegociable. “Es muy importante mantenerse completamente imparcial hacia cualquier conflicto, da igual lo que digan los políticos o escriben los periodistas. Si nos atenemos a eso, por muy difícil que sea a veces, estaríamos haciendo lo correcto”, subraya Vincent Cillessen, de la Unidad de Delitos Internacionales de la Policía Nacional.

En un encuentro con medios internacionales, entre ellos Efe, Cillessen advirtió de que hay que evitar “elegir bandos” porque el resultado “no debe ser un juicio político, ni mediático”.

”Dado que los investigadores y fiscales en todos los diferentes países pueden, en realidad, brindar verdadera justicia y rendición de cuentas, debemos ceñirnos a lo básico, y eso es la imparcialidad”, agregó.

El caso de Siria también “ayudó” a atraer atención en Países Bajos a otras investigaciones que, al no ser de actualidad internacional, habían perdido interés público.

”Siria es el primer conflicto donde se lleva a cabo la investigación y los juicios durante el conflicto. Es una novedad histórica. Y eso cambia el juego, por así decirlo. No podemos cooperar con Siria o trabajar dentro de Siria, pero podemos trabajar durante un conflicto armado sin ir a la escena física del crimen”, analiza Cillessen.

Este cambio es “buena noticia, en cierto modo”, dice, porque la digitalización de las pruebas hace que “te acerques al conflicto, obtengas información más relevante y cada vez más rápido”, algo a lo que también ayuda poder tomar declaración a los testigos en el país al que llegan como refugiados, como pasa con sirios y ucranianos.

Mirjam Blom, de delitos internacionales en la fiscalía nacional, añade que también es “mucho más fácil para los testigos hablar de algo que sucedió hace tres años, en comparación con hace 30 años, y eso es una ventaja”, aunque admitió que “definitivamente hay varios desafíos a la hora de investigar crímenes cometidos en un conflicto que sigue en marcha”.

A modo de ejemplo, señaló los problemas de seguridad y la imposibilidad de viajar a ciertos países, pero, aún así, dice, “hay más ventajas que hace 30 años”, sobre todo con la recolección de pruebas y la existencia de evidencias digitales.

La jurisdicción universal permitió el pasado abril a un tribunal neerlandés sentenciar a 12 años de prisión a un hombre de 76 años acusado de cometer crímenes de guerra cuando dirigía en los años ochenta una importante cárcel al este de Kabul, donde se recluía a los opositores al régimen comunista afgano.

El acusado entró a Países Bajos en 2001 con una identidad falsa y las primeras sospechas saltaron en 2012. Investigadores neerlandeses tuvieron que viajar por diferentes países para hablar con las víctimas y recoger evidencias que puedan llevarlo ante los tribunales en Países Bajos.

Aunque los tribunales domésticos del país donde se comete el crimen también tienen sus procesos. La fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, está investigando más de 10.700 posibles crímenes de guerra que involucran a más de 600 sospechosos, incluidos soldados rusos y funcionarios de Moscú.

El viernes, Kiev inició un primer proceso por crímenes de guerra contra un sargento ruso de 21 años acusado de disparar a un civil ucraniano desarmado en la aldea de Chupakhivka, en el noreste del país. Se enfrenta a la cadena perpetua.

(con información de EFE)

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