Ley Internacional

Demandas contra periodistas por informar no tienen futuro por la jurisprudencia local e internacional | Noticias de El … – Noticias de El Salvador


El abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya explica que reproducir, comentar y/o reflexionar sobre declaraciones o comunicados del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre funcionarios salvadoreos, NO es difamacin.

Tanto la jurisprudencia constitucional o criterio institucionalizado local como la del sistema interamericano de justicia protegen el derecho de los periodistas a informar, rechazan las intenciones de juzgarlos slo por reproducir informaciones y recuerdan a los funcionarios que estn expuestos a la crtica y la exposicin pblica.

De all que se quedan en el aire las declaraciones del asesor jurdico de la Presidencia, Javier Argueta, de que los funcionarios del gobierno de Bukele sancionados por Estados Unidos por posible corrupcin y negociaciones con pandillas pueden proceder judicialmente contra los periodistas que dieron a conocer esta informacin, mxime si estos ltimos slo informaron y republicaron documentos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos.

VER: Asesor de Presidencia sugiere a funcionarios sancionados por EE. UU. demandar a periodistas

El primero en ilustrarlo es el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya, quien explica que “reproducir, comentar y/o reflexionar s/declaraciones o comunicados del Departamento del Tesoro de EE.UU. s/funcionarios salvadoreos, NO es difamacin”.

En el programa Frente a Frente de TCS, Argueta declar que “yo recomendara a los funcionarios del gobierno que ejerzan acciones correspondientes posiblemente no contra un pas, pero posiblemente s contra el que lo escribe porque tenemos leyes que protegen el honor”.

Pero Anaya responde que, “como no poda ser de otra forma, lo que dice el asesor del asesor de CAPRES es rotundamente FALSO”.

“Tampoco supone violacin a los derechos al honor y de defensa de los funcionarios sancionados por EE.UU. Hay reiterada jurisprudencia nacional e internacional (CorteIDH, TEDH) que as lo sostiene: si hay inters social en las expresiones, el derecho al honor cede. “, dice el abogado constitucionalista, que no duda en calificar lo que dice Argueta como “tosco intento de censura, que busca intimidar a ciudadanos y periodistas”.

Precedente legal

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como el del periodista Mauricio Herrera Ulloa contra el Estado de Costa Rica ha establecido que “aquellas personas que influyen en cuestiones de inters pblico se han expuesto voluntariamente a un escrutinio pblico ms exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir crticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate pblico”.

Por su parte, la Sala de lo Constitucional de El Salvador estableci en 2010 que “las posibilidades de que un funcionario pblico sea objeto de crticas o juicios desfavorables son superiores a las de los particulares”.

El mismo mximo tribunal sentenci en 2010 que las libertades de expresin e informacin, as como la libertad de opinin, crtica pblica y el derecho de emitir juicios de valor favorables o desfavorables —que derivan del artculo 6 de la Constitucin— “no son justiciables ni punibles”, a menos que se acte con dolo, “real malicia” o intencin manifiesta de ocasionar daos a derechos protegidos constitucionalmente como los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas.

TAMBIÉN: Asesor jurdico de Capres intenta censurar e intimidar a los periodistas, dice abogado Enrique Anaya

La jurisprudencia de la Corte Interamericana expone el caso de Eduardo Kimel contra el Estado de Argentina, que inicialmente conden al periodista por mencionar a un juez en su libro “La masacre de San Patricio”, que analiza el asesinato de cinco religiosos en Argentina, el 4 de julio de 1976, durante la dictadura militar.

La Corte reconoci que Kimel realiz una reconstruccin de la investigacin judicial de la masacre y, a partir de ello, emiti un juicio de valor crtico sobre el desempeo del Poder Judicial durante la dictadura.

Aunque aleg que el proceso contra Kimel tuvo “el propsito legtimo de proteger el honor de un funcionario pblico”, el Estado argentino admiti que fue excesivo e inmoderado al juzgarlo.

La Corte, por su parte, indic que “los funcionarios pblicos deben ser ms tolerantes a las crticas que los particulares” y que el control democrtico fomenta la transparencia de las actividades estatales, promueve la responsabilidad de los funcionarios pblicos y que “en un Estado de derecho no existe fundamento vlido que permita sustraer de esta consideracin a quienes trabajan en la administracin de la justicia”.

En ambos casos, la Corte conden a los respectivos Estados a pagar sendas indemnizaciones por daos y perjuicios a los periodistas y las costas procesales.



Source link

Javier Medina

Navegando por la vastedad de la información con la destreza de un orfebre de palabras, soy Javier Medina, un Hábil Artesano del Contenido Web que esculpe historias con el poder de las letras. Mi formación en la Universidad Pablo de Olavide me dotó de la paleta del conocimiento. Como un alquimista literario, mis escritos se despliegan desde las entrañas de las organizaciones internacionales hasta los vericuetos de la ley internacional, desde las canchas deportivas hasta los engranajes de la economía y el desfile de la moda. Cada palabra es un trazo de autenticidad, entrelazado con el hilo de la transparencia. Acompáñame en este viaje donde las letras danzan con gracia, donde la ley y el deporte entrelazan sus hilos, donde los números económicos se desvelan con elegancia y donde cada página es una ventana a un mundo de conocimiento tejido con pasión.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button