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La Tamborada: conozca 9 puntos del conflicto por terrenos de la UMSS – Opinión Bolivia


Los pobladores exigen que se mantengan los costos de 2004. La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) exige el pago con la actualización del avalúo. La Alcaldía de Cochabamba se opone a entregar la Resolución Administrativa Municipal (RAM) porque ve observaciones. El conflicto por los terrenos de La Tamborada sigue.

Este miércoles, docentes, trabajadores y estudiantes de la UMSS realizaron un paro con bloqueos en la ciudad; se declaró en emergencia y movilización permanente por el problema de los terrenos de La Tamborada, al sur de la ciudad de Cochabamba.

A continuación, se exponen nueve puntos que explican el conflicto.

DESDE LOS 90

El director de Interacción Social Universitaria (DISU) de la UMSS, Erick Terán, recordó que a finales d ellos 90 ya hubo un intento “sutil” de avasallamiento en la zona de La Tamborada.

SUBVENCIÓN EN 2001

La Ley 2247 se aprobó en 2001, como resultado de convenios que se suscriben las diferentes universidades con el Ministerio de Economía y Hacienda de entonces para compensar la subvención. Esa ley consolida la transferencia de varios otros inmuebles, como el ex Banco de Potosí, el tema de La Tamborada, Bidesa (donde actualmente es el rectorado) y otros.

“Como necesitamos inversión, recursos económicos, nos facultan a la Universidad a comercializar el 10% de lo que teníamos en el exfundo La Tamborada”.

Hubo enfrentamientos, por avasallamientos, entre 2001 y 2004. Llegaron a ciertos acuerdos y se llegó a la convocatoria con el avalúo de 2004, sobre una base de negociación en torno a los conflictos por los asentamientos.

PAGOS CON AVALÚO DE 2004

Entonces, la gente podía postular con un 10% de pago y adjudicarse con un 80%, por tanto, un total del 90%, cuando los terrenos costaban de 2 a 5 dólares el metro cuadrado.

Ese avalúo tenía vigencia de unos seis meses, porque suponían que el proyecto se podía resolver en ese tiempo y entregar las minutas.

“En ese tiempo, obviamente, las condiciones jurídicas, del diseño urbano, etcétera, no acompañaban, porque no estaba ni siquiera consola de derecho propietario”, dijo Terán.

La convocatoria establecía que aquellas personas que pagasen el 10% para reservar, si no llegaban al 90%, perdían el aporte económico. Pero, Terán aseguró que la Universidad reconoció, en la actualidad, incluso esos porcentajes de pago.

“No importa si es el 30 el 50, el 65%. Los considera de todos modos como adjudicatarios. Hemos hecho una sustentación técnica y jurídica para hacer prevalecer ese derecho y ese aporte (…). Se hace la actualización de la superficie restante y esa superficie es la que están pagando”.

ADJUDICATARIOS

Para la UMSS, los adjudicatarios son las personas que accedieron a los terrenos con base en el avalúo que se aprobó en diciembre de 2004 y estuvo vigente casi cuatro meses, hasta marzo de 2005.

“AVASALLADORES” DESDE 2005

La Universidad asegura que quienes se autodenominan “poseedores” son, en realidad “avasalladores”. Hace referencia a quienes ocuparon ilegalmente los terrenos en La Tamborada, desde 2005.

“Hay un avasallamiento promovido por la dirigencia. Ahí están las denuncias qué hemos presentado contra algunos dirigentes con base en pruebas del tráfico de tierras”, sostuvo Terán.

Describió que empezaron a ocupar y vender los predios que no son suyos, “sin papeles”; y que las denuncias llegaron desde los mismos vecinos.

VALOR COMERCIAL

Entre los que la UMSS reconoce como adjudicatarios, están quienes en la actualidad firmaron un acuerdo de aceptación del nuevo valor comercial, de 13 a 36 dólares, actualizado este año. el Director de la DISU enfatizó que el valor real sería de 40 a 80 dólares el metro cuadrado.

LOS QUE PAGARON Y PAGAN

La UMSS regulariza la situación de los adjudicatarios. La base de datos fue digitalizada. “En su momento, se les ha entregado los recibos y demás documentaciones y, con base en eso, se procede a hacer el cálculo de superficie (considerando calles, mercados, parques y otros, que antes no existían)”.

Detalló que de las 19 organizaciones territoriales de base (OTB), entre cuatro y cinco concentran a la mayor cantidad de adjudicatarios. De las más de 5 mil familias que están en la zona, se hace referencia a entre el 46% y el 48%.

“Hablamos de un total de personas de 3.474 (…). Yo creo que cerca de 200 personas ya han logrado hacer el pago total con base al nuevo valor comercial actualizado”.

CAMBIOS A LA LEY

Centenas de pobladores del sur protagonizan con frecuencia protestas contra la UMSS, exigiendo el “respeto al avalúo de 2004”.

La Universidad actualizó costos de los terrenos, asegurando que eso les faculta la Ley 2247. Los vecinos se amparan en la misma norma para indicar lo contrario.

“Lo que establece la ley es que autoriza a la Universidad que pueda monetizar el 10% (…). Pero, debe ser a través de la aprobación del Consejo Universitario en el marco de la autonomía y del patrimonio que tiene en base a un informe técnico económico del avalúo actualizado a la fecha de en el período en el que se vaya a monetizar”, remarcó Terán. Aclaró que no hubo determinaciones unilaterales, sino diálogo.

El tema llegó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). San Simón cuestiona que se pretenda aprobar una modificación para mantener los costos de 2004.

La diputada Olivia Guachalla informó que el tema ya fue aprobado en la Comisión de Planificación y que se encuentra en agenda de la Cámara de Diputados para su tratamiento.

“No es despojo. Que agradezca, más bien, la Universidad que todavía les reconocen como titulares”, dijo.

Agregó que la Ley 2247 está vigente y que lo que hacen es “ratificar” el artículo 5 para resguardar los cotos del metro cuadrado, consolidando lo de 2004.

Enfatizó que los pobladores ni deberían pagar “porque en 2004 no había derecho propietario”.

Detalló que esos aspectos se estipularon hasta 2012, con saneamiento del INRA.

“No hay avasallamiento. El avasallamiento es con mala fe; aquí, no ha existido”.

LA RAM

Otro de los problemas es que la Universidad demanda a la Alcaldía la aprobación de la Resolución Administrativa Municipal (RAM) que les permitiría el trámite formal para los lotes de La Tamborada.

En días anteriores, la Alcaldía manifestó que existen observaciones técnicas, más de una treintena, enviada a San Simón en abril de este año. Al respecto, el Director de la DISU manifestó que se entregaron las respuestas en mayo y que no falta ningún paso. Cuestionó que el tema se haya tornado político.

Ayer, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, insistió en que la Universidad debe cumplir pasos procedimentales técnicos. 

“No por una movilización o porque vengan a lesionar la humanidad de los guardias acá, se les entrega la RAM. Cumple los pasos técnicos, y se entregan las RAM. Mientras tanto, nosotros no vamos a entregar absolutamente nada”. 

Reyes Villa manifestó qué ya se reunieron varias veces con representantes de la Universidad. “Ellos tienen que arreglar el tema que tienen con el distrito número 15. Nosotros les hemos dado una nota para que puedan ellos solucionar los diferentes temas que faltan, y solucionándose eso, bueno, se soluciona el tema”.



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Javier Medina

Navegando por la vastedad de la información con la destreza de un orfebre de palabras, soy Javier Medina, un Hábil Artesano del Contenido Web que esculpe historias con el poder de las letras. Mi formación en la Universidad Pablo de Olavide me dotó de la paleta del conocimiento. Como un alquimista literario, mis escritos se despliegan desde las entrañas de las organizaciones internacionales hasta los vericuetos de la ley internacional, desde las canchas deportivas hasta los engranajes de la economía y el desfile de la moda. Cada palabra es un trazo de autenticidad, entrelazado con el hilo de la transparencia. Acompáñame en este viaje donde las letras danzan con gracia, donde la ley y el deporte entrelazan sus hilos, donde los números económicos se desvelan con elegancia y donde cada página es una ventana a un mundo de conocimiento tejido con pasión.

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