La nueva crisis Internacional en el Sur Global – CADTM

 La crisis internacional y sus cuatro choques externos (por Éric Toussaint)

En su introducción, Éric Toussaint, portavoz de CADTM internacional, explica cómo la deuda
Deuda
Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
afecta brutalmente a todas las regiones del mundo: en Asia, Sri Lanka, Pakistán y Bangladesh se ven especialmente afectados; en el África subsahariana, Ghana y Zambia anuncian defaults y, más al norte, Túnez y Egipto se ven gravemente afectados; en Medio Oriente, el Líbano está al borde del abismo; en América Latina, Argentina ya no soporta más su situación de endeudamiento; en las islas del Caribe, Puerto Rico y Cuba atraviesan una crisis muy grave y Haití está completamente desorganizado.

La mayoría de los países antes mencionados están soportando situaciones límites en relación a los créditos
Créditos
Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario.
del FMI
FMI
Fondo monetario internacional
El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

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. Todos ellos están tratando de evitar la suspensión de los pagos de la deuda y no están solos. El FMI ha firmado alrededor de 100 acuerdos de crédito de emergencia desde 2020.

Cuatro shocks externos, de los que no se puede responsabilizar a los países del Sur, han empeorado las situaciones de endeudamiento ya críticas antes de que ocurrieran.

En primer lugar, los efectos de la pandemia del Coronavirus han sido devastadores.

La pandemia llegó desde China y se propagó rápidamente por Europa y América del Norte antes de llegar al Caribe, América del Sur y finalmente África. Ella, claramente, no vino de los países del Sur. Pero sufrieron. Infraestructura débil, inaccesibilidad a la atención médica, equipo o personal médico insuficiente, han causado muchas muertes que podrían haberse evitado. Los confinamientos impuestos, la parálisis económica que siguió durante más de dos años, el cese del turismo (desastroso para Sri Lanka y Cuba, en particular) pero también la caída significativa de las exportaciones de las materias primas que generan los ingresos del Sur Global y su contribución de las divisas necesarias para los reembolsos de las deudas, han puesto en peligro a la mayoría de los países africanos. Además, el alto costo de la gestión de la salud pública, a cargo de los Estados, ha incrementado considerablemente su deuda pública.

En particular, la importación de vacunas ha resultado muy costosa para los Estados del Sur frente al monopolio u oligopolio de las grandes farmacéuticas (Big Pharma) en materia de vacunas. Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, etc., al hacer valer sus patentes, no han permitido que se desarrollen y comercialicen vacunas genéricas a menor precio y en cantidad suficiente en las regiones del Sur afectadas por la enfermedad. ¡La OMS ni siquiera reconoció las tres vacunas producidas por Cuba, que demostraron ser eficaces pero, no pudieron ser exportadas!

El segundo factor externo está relacionado con la invasión de Ucrania por Rusia y sus consecuencias internacionales.

Solo tres multinacionales norteamericanas y una empresa franco-holandesa concentran el 80% de la cuota de mercado mundial de cereales. Aprovecharon el hecho de que Ucrania en situación de guerra, iba a tener dificultades para exportar tanto grano como antes, para aumentar los precios. De la misma manera, los precios de los fertilizantes y el gas, el petróleo, el carbón, han subido. Los países que son a la vez importadores de cereales, fertilizantes, combustibles y, que además dependen del turismo se han visto estrangulados y a veces forzados a suspender el pago de sus deudas. Este es particularmente el caso en Sri Lanka.

Tercer elemento agravante: la Reserva Federal
FED
Reserva Federal
Oficialmente Federal Reserve System, habitualmente abreviada en Federal Reserve o Fed, es el banco central de Estados Unidos. Fue creada el 23 de diciembre de 1913 mediante el Federal Reserve Act, también llamado Owen-Glass Act, tras varias crisis bancarias y el pánico bancario de 1907.
de los Estados Unidos decide unilateralmente aumentar la tasa de interés
Interés
Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento.
nominal del 0,25% al 5,25%, el Banco de Inglaterra hizo lo mismo, el BCE
BCE
Banco central europeo
El Banco Central Europeo es una institución radicada en Fráncfort, creada en 1998. Los países de la zona euro* le transfirieron sus competencias en materia monetaria y su funcióin oficial es el de asegurar la estabilidad de precios (luchar contra la inflación) en dicha zona. Sus tres órganos de decisión (El Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General) están compuestos por los gobernadores de los bancos centrales* de los países miembros y/o de “reconocidos” especialistas. Sus estatutos le hacen “independiente” políticamente pero está directamente influenciado por el mundo financiero.
siguió y la aumentó del 0 al 4%! Dado que las deudas están, mayoritariamente, denominadas en moneda extranjera, es decir, principalmente en dólares, euros, libras esterlinas y en menor medida en yenes, la subida de tipos de interés en los países del Norte lleva automáticamente a los países del Sur a que esa subida sea de manera más exacerbada. ¡Las tasas de interés en los países del Sur pasan del 4 al 5% al 8 al 15% en 2-3 años! El monto de su deuda crece considerablemente. Para refinanciar sus deudas, deben emitir bonos soberanos en los mercados a una tasa más competitiva, es decir, al menos entre el 8-15%, lo que es muy difícil o incluso imposible para muchos países que, por lo tanto, ya no tienen acceso a los mercados financieros internacionales.

Finalmente, la cuarta razón externa que amplifica la crisis internacional es la política de instituciones internacionales tales como el FMI y el Banco Mundial
Banco mundial
Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (189 miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

Mas…
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A pesar de su retórica comprensiva, ni el hecho de que estos nuevos shocks externos provengan principalmente del Norte ni la gravedad de la situación parecen debilitar la austeridad asesina de sus ajustes estructurales. No prevén compensaciones, reparaciones, anulación pura y simple de deudas. No han cambiado sus prácticas desadaptativas. Los nuevos préstamos otorgados por el FMI refuerzan, aún más, a través de sus condicionalidades las impopulares políticas neoliberales. De hecho, el número de países en suspensión de pagos o que deben solicitar urgentemente créditos adicionales al FMI y al Banco Mundial sigue aumentando. Actualmente, un centenar de países se ven obligados a aceptar acuerdos desventajosos con el FMI. Lamentablemente, el caso de Argentina es emblemático desde este punto de vista, pero también el de Sri Lanka con estos 22 acuerdos firmados o el de Ucrania con sus 18 acuerdos con el FMI que corresponden a 15 mil millones de deuda. La crisis se extiende y las instituciones internacionales, en lugar de aprovechar esta oportunidad para frenarla cancelando deudas, por el contrario, echan leña al fuego, manteniendo el círculo vicioso e infernal del endeudamiento.

Las poblaciones se están levantando y los movimientos sociales, los sindicatos están interpelando a los gobiernos y a los tomadores de decisiones a detener estos pagos de deuda que amenazan la supervivencia de las poblaciones. Los países sobre-endeudados rechazan falsas soluciones. Éric Toussaint recuerda que, en 1982, México y otros países, siguiendo el llamado de Fidel Castro, líder de la revolución cubana, se habían reunido con la esperanza de crear un frente común para la suspensión de la deuda que no pudo concretarse. Thomas Sankara, en África en su discurso del 29 de julio de 1987 ante la Organización de la Unión Africana en Addis Abeba, también había instado a todos los países africanos a sumarse al llamado de Fidel Castro y anular juntos todas las deudas, estos instrumentos que perpetúan la dominación colonial manteniendo relaciones de dependencia y subordinación inmorales, injustas e inaceptables. Siente que, si su país es el único que se niega a pagar las deudas, ya no podrá estar presente en la próxima Asamblea de la Unión Africana y tenía razón ya que poco después de su discurso unificador y emancipador, fue asesinado, el 15 de octubre de 1987. Sin embargo, Sankara al igual que Fidel Castro nos mostró el ejemplo a seguir y continúa inspirándonos.

Éric Toussaint invita a representantes de los diferentes CADTM de la coordinación AYNA (de la región de América del Sur y Caribe) a tomar la palabra, para exponer su visión de la crisis y cómo la están combatiendo.

 Análisis y resultados de auditorías de deuda en la región AYNA (realizadas por los CADTM de América Latina y el Caribe)

Julio Gambina, de SEPLA y del CADTM Argentina, comienza exponiendo sobre la actual ronda de negociaciones, en Washington, entre Argentina y el FMI. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe están en esta etapa… ¿qué más esperan, se interroga, de instituciones que no tienen sensibilidad?

Cita como ejemplo que, en medio del golpe de Estado en Bolivia, el FMI otorgó un préstamo que Bolivia no había gastado. Lo había mantenido en reserva en su Banco Central
Banco central
Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco.
y una vez que su situación política se estabilizó, devolvió la suma intacta a las instituciones internacionales… ¡que les reclamaban fuertes intereses por el período en que el dinero se mantuvo en Bolivia! ¡Bolivia era uno de los países más pobres!

Argentina vive una segunda fase de estrangulamiento reciente: la primera ocurrió en 2008 durante las quiebras bancarias y la segunda ahora, desde 2022.

¿Por qué acudir al FMI cuando este organismo financiero cuya misión es gestionar el tema de las deudas de los países del Sur, está también al frente del sistema financiero internacional que genera estas deudas, especula y se enriquece con ellas? Es como si uno contara con ser salvado del fuego por un bombero pirómano. Al aumentar la tasa de interés, la deuda se agrava, las poblaciones pagan los costos. Cuando hay quiebras bancarias como en marzo-abril de 2023, son los Estados capitalistas los que los rescatan a costa de las poblaciones en todo el mundo y esta realidad se verifica en América Latina como en el resto del mundo. El FMI aplica esta estrategia del capital internacional. Cuanto más se impone el capitalismo, más se ven amenazados los bienes comunes
Bienes comunes
En economía los bienes comunes se caracterizan por un modo de propiedad colectiva, que se diferencia tanto de la propiedad privada como de la pública. En filosofía hacen referencia a aquello que comparten los miembros de una misma comunidad, ciudad o la propia humanidad, desde un punto de vista jurídico, político o moral.
y las condiciones de trabajo. Se apodera de las materias primas, petróleo, gas, minerales, oro y ahora litio que exportan los países de América Latina para tener divisas… para pagar la deuda. Es una relación de dominación/subordinación que continua.

No debemos esperar que los gobiernos o los que están en el poder promuevan auditorías para identificar las deudas ilegítimas y suspender unilateralmente su pago, como propugnaban Sankara y Fidel Castro. La iniciativa, la ofensiva, debe venir de los pueblos, de grandes movilizaciones ciudadanas, que a partir de auditorías denuncien las irregularidades, la ilegitimidad de las que son víctimas y exijan más transparencia y justicia social creando un nuevo equilibrio de fuerza.

Beverly Keene, integrante de Diálogo 2000, Jubileo Sud, y coordinadora de la “Autoconvocatoria para la Suspensión de Pagos y la Investigación de la Deuda Argentina” completa la presentación de su compatriota. Beverly Keene lideró una campaña contra la deuda de 1997 a 1998 con el CADTM para que las crisis de deuda se analicen desde el punto de vista de los deudores y ya no solo desde la perspectiva de los acreedores.

La deuda absorbe algo menos el 50% del presupuesto de Argentina y su pago se hace religiosamente, con resignación, como una servidumbre por más de 40 años. No hay duda de que está ligado a la colonización, luego las dictaduras militares y luego al capitalismo internacional de las multinacionales que han acaparado las inmensas riquezas naturales de los países del Sur y que también las han agotado y destruido. Además, hemos asistido a una internalización de esta deuda externa. El empobrecimiento de la población es un indicador elocuente de ello. Antes de la dictadura, entre el 5 y el 7% de la población vivía en la pobreza. ¡En 50 años, este porcentaje ha llegado al 50%! La deuda es un peaje pesado. A pesar de algunos períodos de respiro, en general el endeudamiento y el condicionamiento de las instituciones internacionales han correspondido a más especulaciones, mayores explotaciones, extractivismos devastadores para el hombre y la naturaleza, e incluso desde el nuevo acuerdo con el FMI en 2018, hemos asistido a una desindustrialización de Argentina. Este país se ha convertido en uno de los eslabones entre otros de la financiarización mundial de la economía que atraviesa constantemente una crisis de endeudamiento que refuerza las dominaciones, los desequilibrios económicos y financieros de la Argentina y la condiciona estructuralmente.

Beverly Keene ilustra su análisis a través del levantamiento popular actual en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina. Su población, en su mayoría india/indígena, ve regularmente burlados sus derechos fundamentales y ambientales por parte de empresas extractivas que explotan el litio, un recurso de importancia estratégica para la transición energética de los países del Norte, que debería limitar el calentamiento global. Hoy, los habitantes de Jujuy están sublevados. Protestan contra los malos salarios, las condiciones laborales indecentes, la discriminación, la criminalización de su movimiento de oposición y las reformas constitucionales en curso. Ellos y ellas critican al gobierno nacional por apoyar esta explotación abusiva del litio sin respetar los derechos de los indígenas, sus territorios naturales, culturales y sociales, sus derechos laborales, normalmente consagrados en la Constitución Argentina. Además, rechazan esta actividad extractiva que continua contaminando el agua, fuente de vida. También piden más fondos para la educación y la salud y la suspensión de los pagos de la deuda.

Desde hace 50 años, la Argentina está atravesada por movimientos de lucha y resistencia del mismo orden. Desde hace tres años, estas manifestaciones de movimientos sociales, de huelguistas, ONG de derechos humanos y cada vez más asociaciones ecologistas, vecinos de barrios populares marginados, pueblos indígenas, se proponen converger y movilizar a los ciudadanos/as, en la calle, llevando adelante talleres de sensibilización, formación y organización de acciones que han tenido cierto éxito. También, llegan al Parlamento y al Congreso. Muestran cómo la deuda afecta la vida diaria de las personas. Crean conciencia sobre cómo funciona el sistema de deuda y cómo es dañino. Rechazan la resignación, el condicionamiento que obliga a pagar estas deudas a pesar de su ilegalidad, ilegitimidad o su carácter odioso. Ellos/as proponen Alternativas.

Monical Soto Elizaga, representante de la Promotora Nacional para la Suspensión de Pagos de la Deuda Pública (PSPDP) de México explica que este inmenso territorio, de 129.150.971 habitantes en 2022, tiene un Producto Interno Bruto
Producto interno bruto
PIB
El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos.
por habitante, en 2020, de aproximadamente 8655.00 dólares. México es, por tanto, una de las principales economías del mundo y actualmente ocupa el octavo lugar, pero también se caracteriza por sus flagrantes desigualdades. Tiene una frontera común con EEUU de 3541 km y mantiene tensas relaciones con su vecino: una gran dependencia comercial a través de sus exportaciones e importaciones, un candente problema migratorio simbolizado por ese muro de separación levantado entre ambos países por el expresidente estadounidense Donald Trump, el tema de los traslados de migrantes mexicanos a su país de origen, la oposición actual a la firma de Tratados de Libre Comercio. De hecho, el T-MEC es un tratado de libre comercio entre México, Canadá y EE. UU. que reemplazó al TLCAN, desde julio de 2020, al incorporar nuevas secciones comerciales. Estos acuerdos de libre comercio han cambiado profundamente y continúan transformando completamente la estructura política y económica del país. Están en la cuarta fase de mutación. Critica enérgicamente el carácter explotador y despojador de estos acuerdos y expresa la profunda decepción de todos aquellos que pensaron que, ante las tragedias compartidas de una pandemia mundial, las instituciones internacionales pudieran ganar en humanidad y optaran por cancelar las deudas de los países o al menos reducir las tasas de interés exorbitante que se les cobra. Por el contrario, la FED (la Reserva Federal americana), el BCE (el Banco Central Europeo) y el Banco de Inglaterra optan por subir bruscamente el tipo de interés, provocando así una inflación
Inflación
Subida acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, una subida del precio del petróleo, que conlleva luego un reajuste de los salarios al alza, luego la subida de otros precios, etc.).
que aplasta el poder adquisitivo de los hogares más modestos del mundo. No se propone ninguna medida fiscal, ningún impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, lo que acentúa las disparidades, las desigualdades crecientes.

La deuda pública habría alcanzado 46.5% del PBI en el tercer trimestre de 2022. Debería aumentar en 2023 y llegar a 49%, Las ganancias del Banco nunca han sido tan altas en la historia contemporánea de México y, como en otros lugares el monto destinado al reembolso de la deuda corresponde a la mayor parte en la distribución de las asignaciones del presupuesto.

La iniciativa de Suspensión del Pago de la Deuda Pública (SPDP) de México nació en medio de una pandemia, a partir de una reunión de fuerzas de izquierda, una confluencia de movimientos sociales de trabajadores, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, que querían hacer de estas irregularidades, visibilizar la ilegitimidad y las injusticias y buscar soluciones. Se lanzó una campaña con campamentos, actividades de sensibilización, formación y movilizaciones ciudadanas.

Luego de los rescates por parte del Estado de los bancos privados en quiebra, que provocaron una grave crisis financiera y económica, hace diez años, la izquierda y la población se movilizaron para crear un Fondo para la Protección de las Cajas de Ahorros (Fondo para la Protección del Ahorro). El SPDP se opone al robo bancario. ¡Ni un peso para el pago de la deuda! El pueblo exige que los gobiernos suspendan unilateralmente los pagos de deudas ilegítimas.

Eva Prados, abogada de derechos humanos, miembro del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda de Puerto Rico, y portavoz de la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Puerto Rico nos explica que Puerto Rico es una isla en el Caribe, 3.285.874 habitantes en 2020 que vive, desde hace más de 120 años bajo el yugo de los EE.UU. como colonia (muchos referendos han opuesto a los «anexistas» los «autonomistas»). Ha acumulado una crisis fiscal y económica hasta el punto de alcanzar un nivel récord de más de 74 mil millones de dólares de deuda, un valor superior al 100% del PIB. Esta deuda es ilegal, ilegítima y odiosa. Estados Unidos impuso una reestructuración de esta deuda que no tuvo como resultado reducirla ni aumentar el control fiscal de los más ricos, no, sólo sirvió para desmantelar completamente el sector público, privatizar bienes y servicios, aumentar las medidas de austeridad y adoptar una política neoliberal extremadamente agresiva. La isla ha tenido que afrontar catástrofes naturales particularmente devastadoras, en particular dos huracanes y un terremoto, sin olvidar la pandemia mundial, que ha provocado muertes y una intensificación de las migraciones. El pago de esta deuda es insostenible. El costo de vida sigue aumentando y políticamente el gobierno es inestable. 600 escuelas públicas cerradas; el presupuesto de las universidades públicas se ha reducido a la mitad; miles de funcionarios han sido despedidos o sometidos a recortes salariales, los puestos de trabajo se han debilitado; Se han congelado los convenios colectivos y se ha atacado el sistema de pensiones. Se ha eliminado la financiación pública de sectores esenciales como la energía y las infraestructuras de transporte.

Pero eso no es todo. La política neoliberal del FMI ha favorecido una privatización y una liberalización desenfrenadas de los mercados que abren el camino a los fondos especulativos privados. En particular, acuden en masa los fondos buitre
Fondos buitre
Fondos de inversiones que compran, en el mercado secundario (el mercadillo de la deuda), títulos de deuda de países que están en dificultades financieras. La compra es a un valor muy inferior a su valor nominal ya que los adquieren a otros inversores que prefieren sacárselos de encima a un coste menor para enjugar una pérdida o por miedo a que el país deudor haga cesación de pagos. Los fondos buitre reclaman seguidamente el pago integral de la deuda que acaban de adquirir, llegando a llevar al país deudor ante tribunales que privilegian los intereses de los inversores, típicamente tribunales estadounidenses y británicos.
(Black Rock, Golden Tree, Aurelios, etc.). Es imperativo que el Estado se proteja mediante una ley, como la votada en 2014-2015 por el Parlamento Federal belga, que limita su campo de especulación
Especulación
Actividad consistente en buscar ganancias bajo la forma de plusvalía apostando por el valor futuro de los bienes y activos financieros o monetarios. La especulación genera un divorcio entre la esfera financiera y la esfera productiva. Los mercados de cambios constituyen el principal lugar de especulación.
en territorio belga.

Puerto Rico no cuenta con más del 10% de los montos necesarios para pagar la deuda, lo que anuncia una próxima década muy difícil. Por lo tanto, es importante realizar una auditoría ciudadana de la deuda, formar una comisión ciudadana de investigación, identificar las partes de las deudas adquiridas ilegalmente o contraídas ilegítimamente, movilizar a la población en un amplio movimiento social que una a trabajadores y trabajadoras, ambientalistas y feministas, a estudiantes, jubilados/as, a todos aquellos que ya no quieren enriquecer a los tenedores de bonos. Esta resistencia es esencial y debe realizarse también a escala internacional, en particular para luchar de manera más eficaz y humana contra el calentamiento global.

Andrés Chiriboga, estudiante ecuatoriano del Doctorado en Sociología Financiera que estudió Ciencias Políticas en París, fue parte del gobierno ecuatoriano de 2007 a 2017. Está interesado en la organización de la sociedad civil en América Latina y África y en particular en la formación de una amplia Coalición Internacional contra la deuda. Para él, las circunstancias actuales son una oportunidad para ampliar y consolidar las alianzas internacionales de resistencia contra la deuda, cuya necesidad es apremiante. Actualmente, en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, un ex banquero que se comporta como tal, está actuando en contra de los intereses del país negociando, por ejemplo, un Canje de Deuda por Naturaleza relativo a las Islas Galápagos, lo que es cuanto menos cuestionable.

Las elecciones legislativas ecuatorianas de 2023 deberían realizarse el 20 de agosto de 2023 con el fin de renovar los 137 miembros de la Asamblea Nacional del Ecuador. La primera vuelta de las elecciones presidenciales y un referéndum se celebran simultáneamente. La elección se produce dos años antes de la fecha prevista por decisión del presidente saliente Guillermo Lasso. Ante un procedimiento de destitución iniciado por la Asamblea Nacional, que ha recurrido, efectivamente, al procedimiento llamado de “muerte cruzada”, que conduce al fin anticipado de su mandato y del de la Asamblea. «Esperemos que la próxima vez no vuelva a ser un banquero». Los swaps, canjes de deuda naturaleza, fueron muy populares en los años 1980. En este caso, el nuevo tenedor de la deuda negociada es Credit Suisse (un banco privado que acaba de quebrar tras numerosos escándalos éticos). La negociación afecta al 2,4% de la deuda ecuatoriana. No se trata de una cancelación sino de una conversión en bonos de Galápagos con una tasa de interés muy alta, del 11%, que seguirá empantanando a Ecuador en el sistema de deuda. Los nuevos acreedores, por supuesto, están satisfechos con esos ingresos. También hay una garantía bancaria privada internacional.

El Fondo para la Conservación de la Naturaleza que se beneficiará de este intercambio es administrado principalmente por actores privados, lo que también significa una pérdida de soberanía para el Estado ecuatoriano, que no sólo no puede utilizar el dinero liberado para otros gastos públicos urgentes que no sean el medio ambiente, sino que también pierde. control del manejo del territorio de Galápagos objeto del intercambio. Las personas que viven y trabajan en sus territorios no son tenidas en cuenta, ni consultadas y no tienen poder de decisión sobre su entorno, ahora bajo la supervisión de actores privados extranjeros con poca transparencia y poco control. Ecuador se vincula así desde hace 18 años a especuladores privados que asumirán la misión de conservación de este extraordinario espacio natural que son las Islas Galápagos. ¡Qué ejemplo tan patético!

Además, en la misma línea, el nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, anuncia, tanto en París como en Bruselas, que está dispuesto a negociar canjes (o swaps) de deuda-naturaleza para proteger la naturaleza en Colombia. Es absolutamente necesario consolidar y ampliar una coordinación de organizaciones del Sur Global que exija el repudio de las deudas ilegítimas. Ésta era la intención de la Cumbre de Cartagena de la década de 1980, cuyos miembros buscaron juntos renegociar las deudas en mejores condiciones para aliviar los desequilibrios e injusticias estructurales. Los veinte países más vulnerables deben resolver colectivamente tanto la crisis climática como su problema de endeudamiento.

André Arauz, Doctor ecuatoriano en Economía Financiera, excandidato a las elecciones presidenciales de Ecuador en 2021, recuerda el papel esencial de la Amazonía para nuestro planeta, como garante de la biodiversidad y la depuración del aire, en tanto pulmón de la tierra. Los pueblos del Amazonas han vivido allí y la han defendido durante siglos. ¡Y ahora al dueño de la plataforma digital Amazon, Jeff Besoz, se le mete en la cabeza privatizar, patentar, la palabra Amazon y, por tanto, ya no podrá ser utilizada libremente por otros! ¿Qué ofreció este hombre, uno de los más ricos del planeta, a los pueblos indígenas de la Amazonía, como compensación o reparación por los daños coloniales y poscoloniales? Ni un centavo… ni a los Estados amazónicos ni a los pueblos indígenas.

André Arauz destaca los nuevos tipos de deudas del siglo XXI, inaceptables, las que resultan de los juicios perdidos en Arbitraje como consecuencia de la firma de Tratados de Libre Comercio por parte de Estados como: Ecuador pero, también España, Perú, El Salvador, Argentina, Venezuela, México, Colombia… En efecto, existe una larga lista de países que han intentado regular, presionar a las poderosas multinacionales mineras y extractivas de combustibles fósiles, para proteger su medio ambiente y los derechos de los pueblos autóctonos. Sin embargo, se vieron conducidos por la firma de estos Tratados ante tribunales privados de arbitraje internacional que los consideraron equivocados, que los condenaron a pagar, a estas mismas empresas ambientalmente destructivas y criminales, daños y perjuicios más todos los costos de los procedimientos causados, lo que representa sumas colosales (miles de millones de dólares).

Se trata del mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estado (ISDS) impuesto en la mayoría de los acuerdos de Libre Comercio, que hoy es fuertemente denunciado. El mismo impide a los Estados todo tipo de control sobre las empresas privadas que atenten contra sus intereses económicos y financieros; no pueden aplicar medidas de protección de los territorios y poblaciones que reduzcan las ganancias y las actividades económicas de los inversores. Las empresas, a partir de estos TLC, firmados anteriormente, llevan a los Estados ante tribunales Internacionales, como el caso del CIADI
CIADI
Con el fin de resolver eventuales litigios que puedan darse entre Estados e inversionistas extranjeros, se creó en 1965, en el marco del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado, (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), mediante la Convención de Washington: esta Convención establece un mecanismo arbitral en el marco del Banco Mundial, para resolver este tipo de disputas.

Más
, dependiente del Banco Mundial. ¡Increíble razonamiento que asegura la primacía de los intereses de las multinacionales sobre los Estados, el medio ambiente y las poblaciones donde operan! Debemos denunciar estos tratados de Libre Comercio e Inversión, este mecanismo de Solución de Controversias relativas a Inversiones (ISDS) y repudiar estas deudas ilegítimas generadas a partir de este accionar de las Empresas Transnacionales.

Tanto en Ecuador como en Bolivia, Venezuela, India e Indonesia se alzan voces contra el ISDS.

Lo paradójico es que, dentro de la Unión Europea, los Estados están en proceso de rechazar este sistema de arbitraje privado que, supuestamente, protege los Acuerdos de Libre Comercio y de Inversión que los vinculan y los tribunales europeos comienzan a darles la razón.

En efecto, debido a que no están de acuerdo con este principio de arbitraje privado que obstaculiza su capacidad de regular, cada vez más Estados europeos se están retirando del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) firmado en Lisboa, en plena Guerra Fría, en 1994. Al principio se trataba de tranquilizar a los inversores de Europa occidental que querían invertir al otro lado de la muralla de hierro para explotar sus abundantes recursos energéticos. Básicamente, los gobiernos de los países del Este no deberían poder cambiar las reglas y leyes después de la firma de acuerdos de cooperación económica y limitar los buenos negocios económicos de los inversores occidentales. Se trataba de protegerles para convencerles de que aceptaran nuevos contratos financieramente interesantes. Pero las circunstancias han cambiado debido, entre otras cosas, a la emergencia climática. Después de Italia, son ahora Polonia, España, Francia, los Países Bajos los que anuncian su retirada del TCE y próximamente Alemania y Bélgica… ¿Por qué esta reacción repentina? Estos Estados son conscientes de que se convertirían en un obstáculo para alcanzar los objetivos de las COP y del Acuerdo de París para una transición energética. En efecto, ¿cómo podrían los Estados legislar para limitar las actividades contaminantes de las empresas de combustibles fósiles si, las mismas,tienen derecho a condenarlos en procedimientos de arbitraje privados y a exigirles multas monumentales, cada vez que se ven comprometidos sus beneficios? En 2021, dos empresas energéticas alemanas demandaron ante los tribunales a los Países Bajos, basándose en este tratado, porque el país pretendía eliminar progresivamente el carbón, lo que amenazaba sus intereses. En este caso, tanto los gobiernos como los activistas climáticos pueden temer no poder cambiar de rumbo sin tener que pagar millones en compensaciones. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó recientemente que el arbitraje privado a puerta cerrada del TCE viola la ley europea y no puede utilizarse para resolver disputas entre los Estados miembros de la UE. Según Investigate Europe, el 74% de los casos del TCE involucran a un inversor europeo contra un Estado europeo. Rob Jetten, Ministro de energía de los Países Bajos, apeló con éxito a una retirada masiva de los miembros de la UE del Tratado [1] para ejercer presión. A continuación, la Comisión Europea negoció una serie de modificaciones del TCE para evitar estos conflictos intracomunitarios, cambios que deberían ser aprobados por unanimidad por los 53 firmantes. El problema es que hay una cláusula que establece que, si un país abandona el Tratado, la medida de arbitraje sigue siendo aplicable en caso de disputa durante 20 años después de la retirada. Es lo que le ocurrió a Italia, que ocho años después de renunciar al tratado fue condenada en 2016 a pagar una indemnización de 190 millones de euros con intereses adicionales por parte de una compañía de petróleo y gas del Reino Unido. La Comisión está intentando reducir este período de aplicación a 10 años para contratos existentes y a 9 meses para nuevas inversiones de las que quedarían en el Tratado.

Toda esta reflexión dentro de los países europeos es muy interesante pero, es lamentable que no vaya más allá del marco intra-europeo y que no busque cambiar las actuales relaciones Norte-Sur marcadas por la aplicación del mecanismo ISDS incorporado en todos los Tratados de Libre Comercio. Paradójicamente, la UE no tiene en cuenta el freno que representa el ISDS para los Estados del Sur que quieren aplicar medidas medioambientales y sociales necesarias para una transición sostenible y la lucha contra el calentamiento global. Esta contradicción dice mucho sobre las inconsistencias e injusticias del actual sistema político-económico.

 Presentación de Fernanda Melchionna en la Cumbre de los Pueblos, en la VUB, en Bruselas.

Fernanda Melchionna, miembro del partido de izquierda PSOL y Diputada Federal en el Congreso brasileño, madrina de la auditoría de la deuda ilegítima de Brasil, presente entre nosotros, en la Cumbre de Bruselas, ha accedido, amablemente, a responder a las preguntas de Éric Toussaint en una entrevista privada, tras su presentación pública en la VUB.

La deuda externa de Brasil es el resultado de toda una historia marcada por la colonización, los costosos esfuerzos de modernización de los conservadores, las dictaduras militares paralizantes y, hoy, el mantenimiento de un sistema de explotación, de dependencia económica que siempre ha producido más deuda.

Fernanda Melchionna pone el acento sobre el cambio de postura o la ambigüedad del primer gobierno de Lula que había pronunciado un discurso de oposición a la deuda pública, al inicio de su actividad política, pero que finalmente durante su mandato acabó adoptando medidas que favorecían una internalización de la deuda externa y su dramático agravamiento.

La deuda privada se disparó en particular debido a la imposición de un tipo de interés exorbitante: ¡más del 13,75%, el tipo más alto del mundo (aunque desde entonces ha experimentado una caída del 0,25%)! Por lo tanto, es un paraíso para los bancos nacionales e internacionales, los parásitos financieros, son remunerados con un tipo tan alto de interés a costa de una población modesta que hoy se endeuda para sobrevivir (es decir, para acceder a una vivienda, comprar un coche, una nevera, pagar educación, ver al médico, comprar alimentos, pagar facturas de electricidad) a un precio o tasa de interés fuera de su alcance. El Banco Brasileño se enriquece mientras la deuda aumenta y se emite en forma de títulos públicos. La deuda interna brasileña con intereses y amortizaciones en 2022 asciende a 1.879 mil millones de reales brasileños, o aproximadamente 350 mil millones de euros (el tipo de cambio en agosto de 2023: 1 euro = aproximadamente 5,4 reales brasileños).

Muchos capitalistas internacionales utilizan los títulos extranjeros más baratos para luego comprar títulos de deuda del gobierno brasileño para hacer negocios.

En 2000, las fuerzas de izquierda se reunieron en numerosas movilizaciones populares, asociaciones y sindicatos y propusieron un referéndum durante el cual el 95% de la población declaró que quería negarse a pagar la deuda externa. Gracias a la iniciativa por una Auditoría Ciudadana de la Deuda Brasileña de María Lucia Fattorelli, el debate sobre la suspensión de los pagos de la deuda se profundizó y amplió. Tanto la deuda externa como la interna han sido estudiadas y denunciadas.

En 2003, se creó el nuevo partido PSOL, el Partido del Socialismo y la Libertad, más a la izquierda que el Partido de los Trabajadores de Lula, que había perdido su lado reivindicativo original y que había decepcionado a sus partidarios más radicales. La diputada federal del PSOL, Luciana Genro, presentó un pedido de investigación al Banco Central de Brasil para identificar quiénes son los tenedores de la deuda brasileña, a lo que el Banco respondió que la identidad de los/as acreedores y acreedoras debían permanecer en secreto.

Michel Temer (2016-2018) congeló el gasto público durante 20 años, disminuyendo la financiación para salud, educación, pensiones y limitando el crecimiento de estos sectores. ¡Lula no impidió que se destinara más del 50% del presupuesto federal para atender el pago de la deuda! 33 millones de brasileños y brasileñas pasan hambre. El sector informal tiene 40 millones de personas que trabajan en condiciones indecentes. No se respetan los derechos de los pueblos indígenas. La violencia es endémica. La selva amazónica está devastada y sus tierras están acaparadas por la agroindustria y los agrocombustibles.

Afortunadamente, el ex presidente de extrema derecha Bolsonaro no fue reelegido en 2022, pero por poco, y el país está fuertemente dividido entre el Norte y el Sur, entre los partidarios de Lula, el ganador de las últimas elecciones, y su feroz oponente Bolsonaro, que también participó de los resultados electorales en un clima de hostilidades. Es de esperar que la izquierda pueda unirse contra el pago de deudas ilegítimas. Para ello, Fernanda Melchionna apoya la creación de un Frente Parlamentario con partidos de izquierda, sociedad civil organizada (sindicatos y asociaciones) y la participación ciudadana para la reclamación de una auditoría de deuda. Por el momento, 170 parlamentarios sobre 513 están a favor y es necesario alcanzar, al menos, 198 representantes para aprobar la solicitud. La lucha no es sólo en el Parlamento, sino también, en las calles. Este es un momento crucial para la movilización contra la deuda pública y la deuda privada de Brasil. Fernanda Melchionna insiste en que esta lucha no es sólo nacional, sino que tiene una importante dimensión internacional y por eso participa hoy en la Cumbre y en la red internacional del CADTM.

 ENTREVISTA ESPECIAL A FERNANDA MELCHIONNA sobre la auditoría de la deuda brasileña

A punto de lanzar un Frente Parlamentario, en agosto, para la auditoría de la deuda brasileña y el control y limitación de las tasas de interés.

Fernanda Melchionna es una joven comprometida, de 39 años, nacida en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Es miembro de la Cámara de Diputados de Brasil desde 2019. Cumplió un primer mandato de 2019 a 2023 y luego fue reelegida en 2023 hasta 2027. Después de sus estudios como bibliotecaria en la UFRS (Universidad Federal de Río Grande do Sul), se especializó en historia brasileña contemporánea en la Fundación Bradesco. Tiene también formación como escritora y se involucró, muy tempranamente, en actividades sindicales y como representante de consejos asociativos. Se convirtió en coordinadora general del directorio central de estudiantes de la UFRGS, en Porto Alegre, antes de involucrarse en política, como militante feminista, socialista e internacionalista, actuando en el seno del directorio del partido de izquierda Socialismo y Libertad, el PSOL, fundado el 6 junio, de 2004. Luciana Genro es la actual presidenta del PSOL. Fernanda Melchionna ha logrado un gran éxito político. En 2012, fue la representante del PSOL que obtuvo más votos entre las mujeres. En 2016, obtuvo 14.000 votos, el mayor número obtenido en la región. En 2018 y 2022, sigue siendo la parlamentaria con más votos y estos han aumentado de una legislatura a la siguiente. Desde 2020 también es candidata a la prefectura de Porto Alegre. Su lema: “¡O que no podemos conquistar juntos! (¡Qué no podemos conquistar juntos!). Le interesan las luchas feministas, la lucha contra la corrupción de los privilegiados, la seguridad social, los servicios públicos, la sanidad, la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, el medio ambiente, la defensa de los derechos LGTB, la negritud… Apoya las reivindicaciones impulsadas por los movimientos sociales populares, como las auditorías ciudadanas de la deuda con vistas a cancelar aquellas que sean ilegales, ilegítimas y odiosas.

Aquí está la traducción de las preguntas de Éric Toussaint, portavoz del CADTM Internacional y, las respuestas de Fernanda Melchionna, Diputada Federal en el Congreso brasileño, en tanto que partidaria del Frente Parlamentario a favor de una auditoría para repudiar las deudas públicas y privadas ilegítimas en Brasil, en agosto de 2023 .

1. ¿Cuál es la situación de la deuda pública externa y de la deuda pública interna de Brasil?

La situación de la deuda en Brasil es muy grave. Actualmente, el sistema de deuda consume, aproximadamente, la mitad del presupuesto público brasileño por pagos de intereses y amortizaciones y, la deuda sigue creciendo. En 2022, el importe gastado en deuda del sistema ascendió a 1.879 mil millones de reales o aproximadamente 350 mil millones de euros, lo que corresponde al 46,3% del presupuesto de la Unión (presupuesto federal). En otras palabras, en un país tan desigual, donde más de 70 millones de personas sufren hambre e inseguridad alimentaria, casi la mitad del presupuesto federal, que es la riqueza social producida por los trabajadores, se ha utilizado para financiar parásitos del sistema financiero. Según datos de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (ACD), en junio de 2023 la deuda pública interna federal ascendía a 8.200 millones de reales (unos 1.520 millones de euros). La deuda externa de Brasil, que incluye la deuda de los gobiernos federales, los Estados municipales y el sector privado, asciende a 595 mil millones de dólares (unos 2.800 mil millones de reales o unos 520 mil millones de euros).

La deuda externa brasileña, que explotó bajo la dictadura militar, donde su monto se multiplicó por 30, se convirtió en gran medida en deuda interna bajo los primeros gobiernos del PT, a partir de 2003. El gobierno de la época contrató préstamos a los bancos nacionales para pagar a los acreedores internacionales, sin poner en duda la ilegalidad de deudas anteriores. Esto hizo que Brasil internalizara la deuda externa, ahora remunerada con tasas de interés aún más altas, y mantuviera el compromiso de pagar tasas de interés muy elevadas al servicio de la deuda
Servicio de la deuda
Suma de la amortización más los intereses del capital prestado.
externa, creando así un superávit importante.

2. Con tasas de interés muy altas en Brasil, la deuda interna es un gran negocio para los bancos privados brasileños y para los capitalistas que compran bonos internos, ¿verdad?

Este es un buen negocio para los capitalistas y una tragedia para el pueblo. Brasil tiene las tasas de interés más altas del mundo, con la tasa Selic en 13,75%. Cada aumento del 1% en el tipo de interés supone 40.000 millones de reales (7.430 millones de euros) más al mes para los acreedores de este escandaloso sistema de deuda. Esto genera ganancias astronómicas tanto para los bancos nacionales como para los especuladores y parásitos del sistema financiero internacional, que a menudo recurren a préstamos a precios más bajos de otros países, para comprar títulos de deuda brasileños y obtener tasas de interés más altas aquí. Mientras tanto, en el otro extremo de la escala, las familias de trabajadores se ven arrastrados a una espiral de deuda de la que luchan por salir, debido a los exorbitantes tipos de interés explicados anteriormente. Los intereses de las tarjetas de crédito renovables, por ejemplo, pueden superar el 400% anual, por lo que una simple deuda puede convertirse en algo impagable en poco tiempo.

3. ¿Lula trajo un cambio positivo respecto al gobierno de Bolsonaro en términos de deuda?

Desgraciadamente no. La elección de Lula fue fundamental para garantizar las libertades democráticas y permitir al país respirar un poco mejor desde este punto de vista y recuperar fuerzas para luchar. Evitamos una catástrofe si el gobierno de Bolsonaro se hubiera mantenido porque su reelección podría haber significado un cierre del régimen desde adentro, un peligroso retroceso del sistema político. Por eso consideramos que las elecciones de 2022 serían las más importantes desde 1985. Pero éramos conscientes de la necesidad de mantener nuestra independencia política de un gobierno que incorpora partidos burgueses, un gobierno de conciliación de clases. Para conciliar a las élites económicas, promueve políticas pro mercado y antipopulares. Este fue el caso del “marco presupuestario” que limitó el gasto público básico, socavando la expansión de las inversiones en salud, educación, gasto social, servicios públicos y otras áreas esenciales. Al mantener la lógica del techo de gasto de Michel Temer y Bolsonaro, el «marco presupuestario» del nuevo gobierno de Lula y Haddad dejó intacto el sistema de deuda, sin límite alguno al pago de intereses y amortizaciones que consumen ilegítimamente el presupuesto público. El Partido de los Trabajadores (PT) inicialmente criticó y combatió la deuda externa. En 2000 participó, activamente, en el plebiscito en el que el 95% de, aproximadamente, seis millones de electores votaron por el repudio de la deuda externa. Sin embargo, tras ganar las elecciones de 2003, Lula y el PT optaron por un pacto con el mercado y el mantenimiento de los principios económicos de Fernando Henrique Cardoso, con la Carta al Pueblo Brasileño, la reforma de la seguridad social y otras medidas neoliberales. Dilma Rousseff, que tuvo la oportunidad de llevar adelante la auditoría de la deuda prevista en el plan plurianual de 2016, vetó sin embargo la propuesta que iba en esa dirección. Después del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en 2016, Michel Temer recuperó el infame límite de gasto, entonces llamado PEC (Enmienda a la Constitución), que estranguló todo el funcionamiento del Estado brasileño para, entre otras cosas, continuar remunerando el capital rentista. Con el fin de “ahorrar” para pagar a los pensionados, Bolsonaro lideró una reforma de las pensiones que sacó a millones de personas de la seguridad social y redujo el valor de las pensiones en el país. El marco fiscal del gobierno de Lula mantiene la lógica del Techo (Plafond), con un límite de inversión en áreas sociales para seguir remunerando a los pensionados nacionales e internacionales.

4. ¿Lula defiende la independencia del Banco Central?

Lula criticó la autonomía del Banco Central, pero no llamó a una lucha política para su derogación.

La imposibilidad de cambiar la presidencia del Banco Central, la famosa autonomía del Banco Central, fue votada de manera absurda, a través de una sesión virtual durante la pandemia. Quien presidió la Asamblea Legislativa y operó esta aprobación fue Arthur Lira, aún bajo el gobierno de Bolsonaro. Lira, por cierto, fue un actor clave para mantener en marcha el gobierno genocida de Bolsonaro, y en 2023, para su reelección como presidente de la Cámara, contó con el respaldo de casi todos los partidos, incluido el Partido de los Trabajadores. El PSOL lo enfrentó y votó en contra.

Esta supuesta autonomía del Banco Central es en realidad una toma de rehén de la política monetaria por parte del sistema financiero. Lula no sólo debe denunciar. También debe tomar medidas concretas, por ejemplo, aprobando una ley para revocar esta autonomía y llamando a la población a movilizarse. Para que el gobierno recupere el control de la política monetaria, debemos centrarnos en la movilización. El 80% de la población está a favor de bajar los tipos de interés. Lula apostó por servir a los intereses de la burguesía con el marco presupuestario y la reforma fiscal y apoyándose en sectores fisiológicos de la vida política, que estaban con el gobierno de Bolsonaro, ahora son codiciados e invitados a entrar en el gobierno de Lula, como Arthur Lira, el Partido Progresista u otros partidos como los Republicanos.

5. ¿Qué pasa con la deuda de la clase trabajadora? Con los altos tipos de interés, la situación debe ser muy difícil para ellos.

Los trabajadores están cada vez más endeudados en Brasil. La oferta de crédito a tipos de interés abusivos, sumada a factores como el salario mínimo de 1.320 reales (245,06 euros), el aumento de la informalidad, la uberización y la precariedad de los contratos laborales, el achicamiento de los salarios de los servidores públicos y el desempleo, producen un creciente problema de endeudamiento.

El 78,3% de las familias brasileñas están endeudadas, según datos de la Encuesta de Deuda e Impagos de los Consumidores (Peic) de febrero de este año, cifra superior a la del mismo mes del año anterior. Casi el 30% de estas familias endeudadas tienen pagos atrasados y el 11,6% dice que no pueden pagar sus facturas atrasadas.

El interés promedio que cobran los bancos por las tarjetas de crédito renovables es del 409,3% anual. Y la tarjeta es el principal medio de crédito para el 85,7% de las familias endeudadas.

Éste es el precio cada vez más alto que las clases trabajadoras brasileñas, la gran mayoría de la población, han pagado para remunerar los intereses de una pequeña minoría de especuladores nacionales y extranjeros.

6. ¿Cuál es la importancia de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (ACD) liderada por María Lucia Fattorelli?

La Auditoría Ciudadana de la Deuda juega un papel fundamental en la política nacional desde hace años. La iniciativa surgió tras el plebiscito de 2000, que tuvo una amplia mayoría contra la deuda externa, con raíces en sindicatos y organizaciones de clase. La Auditoría llevó a cabo una lucha fundamental, desmantelando este sistema de deuda pública, exponiendo las mentiras de la burguesía brasileña y las capitulaciones de quienes se niegan a tocar este aspecto central de la vida nacional. En los últimos años, en los gobiernos de Temer, Bolsonaro y en la transición al gobierno de Lula, este grupo, junto con María Lucia y todo el equipo de coordinación, se ha mantenido combativo y ha hecho contribuciones decisivas al debate nacional e internacional, en el frente al “techo” de gasto, a la reforma de las pensiones y al marco presupuestario. A nivel internacional, por citar un caso, recuerdo la Auditoría de la Deuda de Ecuador, en la que María Lucia Fattorelli, de la Auditoria Ciudadana de la Deuda (ACD), Éric Toussaint, portavoz del CADTM, entre otros colaboradores, lograron un resultado que redujo un 70% el monto de la deuda nacional.

7. ¿Participa en el lanzamiento de un Frente Parlamentario para la auditoría de la deuda?

Queremos que el debate sobre la auditoría de la deuda y la limitación de los tipos de interés sea trabajado permanentemente en la Cámara de Diputados, en colaboración con los movimientos sociales y de forma que contribuya a la articulación de todos los sectores de la sociedad. Por eso luchamos por la creación de este frente social y político por una auditoría ciudadana de la deuda y por la limitación de los tipos de interés. Se necesitan las firmas de 198 diputados, es decir, más de un tercio de la cámara. A la fecha, desde inicios de año, han firmado 171, faltan 27 para que se constituya el Frente. Fui invitada por la Auditoria Ciudadana de la Deuda (ACD) a ser madrina y portavoz de este Frente Parlamentario, lo que me llena de orgullo y ciertamente traerá desafíos para seguir esta lucha dentro de la Cámara y, sobre todo, en el exterior.

8. Tengo entendido que tiene previsto venir a Marrakech para participar en la Contracumbre del FMI y del Banco Mundial (BM), organizada, entre otros, por la Red Internacional CADTM y por ATTAC-CADTM Marruecos. ¿Qué importancia concede a esta Contracumbre, que tendrá lugar del 12 al 15 de octubre de 2023?

Considero que esta Contracumbre es fundamental. Es una oportunidad para reunirnos con militantes, dirigentes y organizaciones que trabajan con el CADTM para denunciar estas deudas ilegítimas e ilegales. Deudas que han sido un mecanismo de explotación e injerencia en las políticas públicas de más de 100 países. Una estratagema criminal para defender los intereses del imperialismo y de la banca internacional, que se ha visto reforzada por la pandemia y la invasión de Ucrania, entre otros factores que se suman a las dificultades económicas de estos países. ¿Quién paga por este sistema de privilegios para los bancos, por la injerencia dentro de los países por parte del Banco Mundial y el FMI? Es el pueblo, cada vez más afectado y víctima de las medidas de austeridad, de la retirada de derechos y de la sobreexplotación, como las reformas laborales y de la seguridad social… Esta reunión tiene, por tanto, una importancia estratégica. Me uno al llamamiento a los militantes de la izquierda mundial, en particular del llamado Tercer Mundo, para que participen en la defensa de la soberanía de los pueblos y para luchar por la anulación de las deudas odiosas.

 Historia y contexto de las auditorías de la deuda en Brasil

Las décadas de 1960 y 1970 se vieron perturbadas por dictaduras militares autoritarias y derrochadoras en América Latina que dejaron deudas odiosas cuyo pago fue cuestionado.

En septiembre de 2000, la CUT, el Movimiento de los Sin Tierra (MST), la Campaña Jubileo Sur, la gran Conferencia Episcopal, fuerza de izquierda en los años 80 y 90, y el Partido de los Trabajadores organizaron un plebiscito popular para exigir un plebiscito popular para reclamar una autoconvocatoria de una auditoría ciudadana de la deuda brasileña. El 90% de los 6 millones de brasileños que votaron se mostraron a favor de suspender la parte de la deuda identificada como ilegítima por una auditoría.

En 2000, parlamentarios del PT presentaron un proyecto de ley en este sentido y fundaron la organización Auditoría Ciudadana de la Deuda de Brasil.

Maria-Lucia Fattorelli inicia así una larga y gratificante colaboración con el CADTM.

En 2003, Lula fue elegido Presidente de Brasil con el 65% de los votos, un electorado numeroso y diverso. Lamentablemente, una vez en el poder todo cambió. Lula anuncia que será el presidente «de todos los/as brasileños y brasileñas» y, contrariamente a sus declaraciones pasadas, sellará un pacto con las élites. Por un lado, garantiza que las clases populares tengan acceso a un mayor poder adquisitivo, gracias a las ayudas sociales, pero, por otro lado, se cuida de no atacar al capital financiero, al ejército y al pago de la deuda. Respeta los acuerdos alcanzados con el FMI, impone en 2003 una reforma neoliberal del sistema de pensiones del servicio público. Asiste a la cumbre del G8
G8
Corresponde al G7 más la Federación de Rusia (desde 1995).
, en Evian, presidida por Jacques Chirac. ¡Nombra al frente del Banco Central brasileño a Hernique Meirelles, ex presidente de un banco americano, La Fleet Boston! No abolió, como hizo Argentina en 2005, el armisticio que protegía a los criminales del período de dictadura militar e incluso dejó que el ejército brasileño ocupara Haití. No se decidió ninguna nacionalización de las empresas privadas y, por otro lado, apoyó a las grandes empresas privadas que, para conseguir contratos públicos, no dudaban en corromper a los funcionarios públicos. Así, él mismo, envuelto en un escándalo con la multinacional inmobiliaria Odebrecht, acabará en prisión al final de su mandato.

Por supuesto, es importante precisar que su programa Bolsa
Bolsa
Lugar de encuentro de la oferta y demanda de valores mobiliarios que ya fueron emitidos en el mercado financiero primario. La bolsa es por tanto el mercado de ocasión de títulos mobiliarios; también llamado mercado secundario.
Familia ha permitido que el 20% de las familias más pobres (12 millones de familias) reciban prestaciones sociales. Pero esta contribución es limitada en comparación con lo que una cancelación de la deuda pública podría haber aportado al gasto social. Los grandes capitales, los bancos internacionales, los fondos de inversión compran títulos de deuda pública, interna y externa, en Brasil con tasas de interés muy rentables. No lo tocará. Con el Bolsa Familia todo el mundo parece contento: los más pobres tienen acceso al consumo y al crédito y eso es bueno para los negocios.

Timothée Narring en su artículo «La izquierda brasileña sobre las brasas del crédito» publicado el 16 de junio de 2023, describe bien cómo Lula, al instaurar el crédito como forma de luchar contra la pobreza, al dar al 20% más pobre la ilusión de poder tener acceso al consumo como todos los demás y poder integrarse en una forma de ciudadanía, simplemente les llevó a un sobre-endeudamiento hasta la asfixia… porque no aceptó limitar las prácticas usurarias de los bancos privados, que permitían que ¡El tipo de interés aumentará y la cantidad de deuda privada se disparará!

Hasta 2014, los hogares más modestos parecían salir a flote. Pero, desgraciadamente, a partir de la recesión de 2015, acentuada por una política de austeridad cada vez más derechista desde 2016, y posteriormente bajo el efecto de la crisis del Covid, la guerra en Ucrania, con la inflación, la pérdida de empleo, la recesión y, de nuevo, esos exorbitantes tipos de interés, todas estas personas precarias quedaron atrapadas en deudas de consumo. Esto ha debilitado, en primer lugar, a los pensionistas, a los viudos y viudas, y todos los vínculos de solidaridad intrafamiliar han sido duramente puestos a prueba. En efecto, el sistema de créditos consignados, que también puso en marcha Lula, permitía el débito automático de los pagos mensuales de las pensiones de jubilación para reembolsar a los bancos, luego, con Bolsonaro, el débito automático se extendió también a Auxili Brasil (una asignación correspondiente al 40% del salario mínimo). “Un estipendio destinado a garantizar la supervivencia alimentará ahora los beneficios financieros con una tasa de interés anual del 50%. Si Jair Bolsonaro reforzará esta peligrosa tendencia, a partir de entonces, de hecho será la izquierda de Lula y su partido, el PT, que instauró este sistema a partir de 2003, para conquistar la aprobación de un electorado precario pero numeroso. De hecho, fue Lula quien en 2003 eliminó el párrafo 3 de la Constitución que limitaba el tipo de interés a un máximo del 12% anual para ganarse el apoyo de los bancos y de las elites, como bien recuerda Timothée Narring. Es esta elevada tasa la que condena a las masas populares al sobreendeudamiento privado.

En 2004, ex miembros del Partido de los Trabajadores, en desacuerdo con los numerosos compromisos de Lula, decidieron formar un partido nuevo y más radical, el Partido por el Socialismo y la Libertad, el PSOL.

En 2005, durante el quinto Foro Social Mundial, se organizó en Porto Alegre un Tribunal de la Deuda con 1.000 participantes de todos los continentes. En su organización estuvieron la Auditoría de la Deuda de Brasil, Jubileo Sur, MST y CADTM. Luego el MST se une a Lula y pierde interés sobre temática de la deuda mientras continúa la Auditoría Ciudadana de la Deuda Brasileña con el CADTM.

Por otra parte, en 2007, María Lucia Fattorelli, como representante de la Auditoría Ciudadana de la Deuda Brasileña y Éric Toussaint, del CADTM Internacional, pasarán a ser miembros de la CAIC, la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda instituida por el nuevo presidente ecuatoriano Rafael Correa cuya misión es evaluar las deudas ilegítimas contraídas entre 1976 y 2006 en Ecuador. Éste hará público el trabajo de la CAIC, en noviembre de 2008, y exigirá la suspensión unilateral del pago de una gran parte (70%) de la deuda reclamada al Ecuador en forma de títulos soberanos, en poder de bancos estadounidenses. El monto liberado permitirá un aumento del gasto social a partir del 2009-2010 en Ecuador. Sin embargo, la comisión CAIC entra en conflicto con la empresa brasileña Odebrecht, que había construido una central hidroeléctrica en Ecuador de muy mala calidad y que sobrecargó los costos sin respetar las especificaciones. La CAIC consideró que las deudas vinculadas a este proyecto eran ilegales e ilegítimas. En septiembre de 2008, ante la negativa de Odebrecht a pagar daños y perjuicios a Ecuador, el ejército ecuatoriano ocupó las instalaciones de la planta. Lula llamó al embajador de Brasil y llevó el caso a la Corte de Arbitraje de París, que falló en contra de Ecuador.

De manera similar, Lula intervino en 2009 contra la deuda odiosa
Deuda odiosa
Según la doctrina jurídica de la deuda odiosa, teorizada por Alexander Sack en 1927, una deuda es «odiosa» cuando reúne dos condiciones esenciales:

1.- La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída a favor del interés del pueblo y del Estado, sino en contra de esos intereses, y/o a favor del interés personal de los dirigentes y de las personas próximas al poder.

2.- La complicidad de los prestamistas: Los acreedores sabían (o tenían la capacidad de saber) que los fondos prestados no beneficiarían a la población.

Para Sack, la naturaleza despótica o democrática de un régimen no debía tenerse en cuenta. Una deuda contraída por un régimen autoritario debe, según Sack, ser reembolsada si ésta sirve a los intereses de la población. Un cambio de régimen no autoriza el cuestionamiento de la obligación que tiene el nuevo régimen de pagar las deudas del gobierno precedente, salvo si éstas fueran odiosas.

[Extractos] del Tratado jurídico y financiero por Alexander Nahum Sack, ex profesor agregado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Petrogrado.

A partir de esta definición «conservadora» de deuda odiosa, otros juristas y movimientos sociales, como el CADTM, ampliaron esta definición teniendo en cuenta, especialmente, la naturaleza del régimen que contrae la deuda y la consulta que se hace, o no se hace, a los parlamentos nacionales para la aprobación o la concesión del préstamo.

De manera especial, citemos la definición de deuda odiosa utilizada por la Comisión para la verdad sobre la deuda griega, que se apoya, a la vez, en la doctrina de Sack, y también en los Tratados internacionales y los principios generales del derecho internacional.

Así que una deuda odiosa responde a:

1.- Una deuda contraída en violación a los principios democráticos, que comprende el asentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad, y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad de saber, lo precedente.

O a lo siguiente:

2.- Una deuda que tiene por consecuencia negar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad para saber, lo precedente.
reclamada contra empresas brasileñas en Paraguay.

En efecto, en 2008, Fernando Lugo, presidente progresista, entonces asesor de un ex abogado permanente del CADTM, Hugo Ruiz Díaz Balbuena, formó, seis meses después de su elección, una Comisión de Auditoría de la Deuda del Paraguay en Asunción. Denuncia las deudas odiosas contraídas por las dos dictaduras militares que se sucedieron a partir de 1970: primero bajo la junta militar brasileña y luego bajo la dictadura paraguaya del general Stroessner. Uno de los monstruosos proyectos cuestionados por la auditoría paraguaya es la represa de Itaipú.

Un decreto presidencial pretendía crear una Comisión de Auditoria pero, Lugo cede ante la presión del gobierno Lula así como de las empresas brasileñas que son los principales acreedores del Paraguay que ellas explotan. A cambio, Lula promete a Lugo concesiones mínimas: propone aumentar ligeramente la suma que Brasil paga anualmente a Paraguay por la electricidad suministrada a Brasil por Paraguay a través de la represa de Itaipú.

En 2010-2014, se llevó a cabo una auditoría de la deuda de Paraguay, pero fue realizada por el Tribunal de Cuentas de 2010 a 2011. En 2012, Fernando Lugo fue derrocado por un golpe parlamentario fomentado por la derecha.

Sin embargo, en Brasil la aventura de las auditorías de la deuda continúa.

De 2009 a 2019, la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Brasil, que ha organizado secciones locales formadas por activistas dinámicos en todas partes, obtiene una Comisión Parlamentaria de Auditoría de la Deuda gracias al PSOL, pero los parlamentarios del PT, los conservadores, impiden este cuestionamiento. Dilma Rousseff, en el poder de 2011 a 2016, bloqueó completamente el proyecto.

Maria Lucia Fattorelli continúa su actividad participando en Grecia en la Comisión para la Verdad sobre la Deuda Griega en el Parlamento griego en 2015 y coproduce un manual sobre auditoría de la deuda traducido al francés, español e inglés.

En 2011, la CPI, la Comisión Parlamentaria para la Investigación de la Deuda Brasileña, emitió un informe, en paralelo a Iván Valente, que tenía como objetivo identificar la ilegitimidad o ilegalidades de la deuda de Brasil con el Ministerio Público. Un grupo fiscal federal tiene la misión de investigar el asunto por parte del Ministerio Público y en ocasiones se invita como testigo a María Lucía Fattorelli. De esta reunión resultaron dos informes.

Entrevista el 6 de enero de 2012 por Stephanie Jacquemont del CADTM Bélgica, Maria Lucia Fattorelli comparó los resultados de sus primeras encuestas en un artículo titulado: «La auditoría de las deudas públicas locales está ganando terreno en Brasil» publicado en “The Other Voices Of The Planeta” a finales de 2020. Relata el impacto desastroso de la Ley n° 9697, impuesta por el FMI en 1997, sobre la deuda pública de los Estados federados y de la Unión.

Dilma Rousseff sucedió en 2011 a Lula, encarcelado tras el asunto Odebrecht, luego fue destituida de su cargo por un Golpe Institucional en el Senado, orquestado por su vicepresidente de derecha, Michel Temer, colocado por el PT en 2011, y que asumió la presidencia en 2016.

En 2018-2019, Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha, cercano a las ideas de Trump (racista, sexista, homofóbico, negacionista de la crisis climática) y antipopular, ganó las elecciones presidenciales. Intentará comprar al electorado más pobre en 2019, yendo más lejos en la política iniciada por Lula. De hecho, concederá el Bolsa Familia a 13,5 millones de familias, una quinta parte de la población, pero al final estas sólo ganarán una media de 40 euros al mes si sus ingresos son inferiores a 20 euros al mes, es decir, menos de ¡1 euro al día! Bolsonaro también lanzará «una purga contra el PT, contra funcionarios comunistas», como nunca antes había conocido Brasil.

Finalmente, la izquierda se unió contra Bolsonaro y en torno a Lula después de exigir su liberación en noviembre de 2019. Lula ganó las elecciones de 2020, pero por poco, y el país está marcadamente dividido entre sus partidarios y los de Bolsonaro.

En 2018, la campaña electoral del miembro del PSOL, Guilherme Boulos dejó de lado la auditoría de la deuda, cuyo reembolso ya no le parece problemático. No obtuvo tantos votos como Luciana Genro, en 2014, del mismo partido, pero que apoyó abiertamente la auditoría ciudadana. Ahora todo depende de una docena más de diputados radicales del PSOL.

Esperemos que Fernanda Melchionna, Diputada Federal del PSOL, consiga convencer a un frente parlamentario suficiente para que se adopte próximamente la auditoría ciudadana de la deuda Brasileña.